El Gobierno podría avanzar sobre los depósitos en dólares
Esta semana podría sancionarse la unificación de los códigos Civil y Comercial. El artículo 765 plantea inquietudes con respecto a las obligaciones contraídas en moneda extranjera. Especialistas alertan por su articulación con la Ley de Abastecimiento y temen que el Ejecutivo avance sobre dólares de bancos y particulares.
Finalmente el oficialismo se encamina a sancionar el nuevo Código Civil y Comercial unificado. El cuerpo normativo había sido lanzado a principios de 2012, pero la fuerte resistencia que generó en algunos sectores de la sociedad había llevado al Gobierno a enfriar el debate. Ahora, en un contexto complicado para la economía con escasez de dólares, el kirchnerismo impulsa un tratamiento exprés en la Cámara de Diputados.
El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, donde se desarrolló un debate que no pasó desapercibido para los observadores de todos los partidos políticos. Sucede que ese día el propio presidente de la banca del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, admitió que acompañaba la iniciativa por «disciplina política» y no por una manifestación propia de su voluntad.
El nuevo Código regula aspectos esenciales en la vida de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte. Muchas de las reformas incluidas facilitan muchos aspectos cotidianos pero hay otros artículos que están en la mira de los especialistas por el impacto en la economía. Uno de ellos es el 765, que para algunos abogados implica un avance hacia la pesificación de las deudas contraídas en moneda extranjera. Otros van más allá y creen que el Poder Ejecutivo intenta avanzar sobre los depósitos en dólares. Incluso los de los bancos.
En el ámbito jurídico, cuando se discute del tema se habla del «artículo Zannini» en alusión al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, impulsor de la norma. El proyecto original redactado por un comité de especialistas tenía otra redacción y fue el Poder Ejecutivo el que planteó el cambio antes del envío del texto al Congreso.
El abogado Guillermo Lipera, miembro fundador de Será Justicia, explicó en diálogo con Infobae a partir de la nueva redacción del artículo 765 que las deudas contraídas en dólares se podrán cancelar con moneda de curso legal, es decir, pesos. «¿Y a qué dólar? A tipo de cambio oficial», explicó el letrado.
De aplicarse esta solución, las obligaciones pactadas en moneda extranjera se pesificarían de acuerdo a la cotización que regula el Banco Central. Esta solución implicaría un gran beneficio para los deudores, que en un contexto de desdoblamiento virtual hoy tienen que comprar dólares en el mercado libre, casi al doble del valor oficial. Los acreedores, en cambio, deberían soportar las pérdidas. Una perspectiva más global implica otro tipo de riesgos para la economía.
«Si se integra este artículo con el que se legisla sobre los derechos de incidencia colectiva y con la nueva Ley de Abastecimiento, que le da facultades al Estado para intervenir en virtud del bienestar general de la población, ¿cuánto falta para que puedan apropiarse de todos los dólares de los bancos?«, se preguntó Lipera.
«¿Este artículo busca la pesificación de la economía?», consultó Infobae. Y Lipera fue contundente: «Todo esto habilita a que le saquen hasta el último dólar que usted tiene en el bolsillo; la articulación de estas tres leyes apuntan directamente a que se termine la propiedad privada».
Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados, planteó inquietudes similares porque con el nuevo artículo 765 «se cambia la naturaleza jurídica de la obligación». «Esto implica que los contratos en dólares se van a pesificar», ejemplificó el letrado.
Rizzo pronosticó «un impacto complejo» de la iniciativa en un contexto donde hay varias cotizaciones para el dólar. «Ya se viene pesificando la economía en el último tiempo; lo que se intenta ahora es consagrarla de manera definitiva», insistió.
El Colegio Público de Abogados se ha expresado públicamente en contra de algunos aspectos de la reforma. Además difundió varias ponencias, una de ellas contra la incidencia de la regulación de las acciones de clase, cuya regulación en el código proyectado contiene «una confusa técnica legislativa» que «aventura un amplio criterio interpretativo para los legisladores que deberán aprobar leyes especiales en cuanto a los intereses colectivos homogéneos, acción colectiva y acción de clase».
Incluso el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto en evidencia algunas incongruencias del texto que debate el Congreso. Según analizaron, los artículos 765 y 766 expresan ideas contrapuestas. «Y este tema asume extraordinaria gravedad en un contexto en el que es habitual la contratación en moneda extranjera como medio de prevenirse del fenómeno inflacionario», aseguró.
Pedro Rabassa, ex jefe de Reservas del Banco Central, recordó que en un principio circulaba el rumor de que la Casa Rosada había agregado la frase «a tipo de cambio oficial» dentro de la redacción del artículo Zannini. «En ese momento esto generó mucha controversia y el Gobierno dijo que no se trataba de una pesificación, pero ahora van a tener que interpretar para qué se puso esto«, analizó.
«Esto crea incertidumbre en un momento en el que hay desconfianza sobre los próximos pasos que puedan tomar. Estos artículos aparecieron en medio de una ofensiva pro-pesificación y es lógico que los economistas y los abogados estén preocupados. La pesificación fracasó no porque sea una mala idea sino porque nadie protege al peso», analizó en una entrevista con radio Mitre.
Los referentes de la oposición ya adelantaron que el nuevo régimen es inconstitucional y una vez sancionado buscarán la forma de impugnarlo en la Justicia. Los abogados alegan, además, que nunca fueron invitados a participar de un debate serio para poder plantear sus diferencias con el texto proyectado.
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